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La Sociedad de Garantía Recíproca: una entidad cargada de futuro



La Sociedad de Garantía Recíproca: una entidad cargada de futuro
El acceso a la financiación es uno de los factores claves para la creación y crecimiento de las pequeñas empresas y es, al mismo tiempo, una de las limitaciones más importantes a que se enfrentan en su desarrollo. Al analizar los rasgos financieros de las pequeñas empresas andaluzas, se observa que presentan un índice bajo de recursos propios y alta dependencia de la financiación bancaria, principalmente a corto plazo. Esta estructura de pasivo constituye una rémora para el avance en la mejora de la competitividad, debido, por una parte, al elevado importe anual que en relación con su cifra de negocios requiere la amortización de una deuda de esas características y, por otra, al volumen de los gastos financieros inherentes a esta estructura de pasivo que incide negativamente en sus resultados.

La dificultad de las pequeñas empresas para acceder al crédito bancario viene originada tanto por la falta de garantías de los promotores como por la falta de información que acredite ante la entidad financiera la viabilidad de su proyecto empresarial.

Si con estas circunstancias, en épocas de estabilidad económica, el desenvolvimiento de la empresa está llena de dificultades, en tiempos de crisis aparecen otras restricciones de especial relevancia: la reducción de la oferta por parte de las entidades financieras como consecuencia de la elevación del riesgo de crédito y la pérdida de valor de los activos que puedan garantizar sus créditos.

Con la intención de paliar estas dificultades se creó el Sistema de Garantías Recíprocas, instituido por Real Decreto del año 1978, que vino a dar forma a una de las medidas acordadas en los denominados Pactos de la Moncloa, suscritos para contribuir a la solución de la crisis económica de los setenta.

Estas sociedades cuentan como socios protectores con las Comunidades Autónomas, cajas, diputaciones provinciales y organizaciones empresariales, junto con las empresas que deben suscribir una participación en el capital social para tener acceso a la prestación de garantías, que les será devuelta a la cancelación de la operación. Disponen, además, de un sistema de reaseguro parcial y gratuito, que presta la Compañía Española de Reafianzamiento, SA (CERSA), dependiente de la Administración del Estado y que cuenta con el apoyo de instituciones y programas europeos.

Actualmente, se rigen por la Ley 1 /1994 que les confirió plenamente el carácter de entidades financieras, quedando sometidas a los requerimientos del Banco de España en lo referente a recursos propios, normas contables, gestión, control e inspección de su actividad. Exactamente igual que cualquier banco o caja, lo que determina que la selección, control y seguimiento de las operaciones de aval se realicen con el máximo rigor.

Estas sociedades se han consolidado en los últimos años en el sistema financiero español siendo sus operaciones de garantías bien calificadas por las entidades financieras y aceptadas por las empresas objeto del aval. En estos momentos presentan un índice de solvencia que les van a permitir afrontar esta etapa de inestabilidad financiera en unas buenas condiciones para ser una institución activa que traslade a los demás agentes-empresas, entidades financieras y administraciones públicas- las ventajas de su intermediación:

  • La prestación de garantías complementarias que lleva a cabo la SGR resulta imprescindible en muchas ocasiones para que la empresa pueda obtener crédito de la entidad financiera prestamista. La existencia de apoyos públicos con que cuenta la SGR les permite asumir un riesgo mayor que el que estaría dispuesto a soportar el banco o caja sin su concurso. Esta intervención posibilita el acceso de la empresa a la operación financiera.

    El otorgamiento de dicha garantía está soportado en el análisis de la información de una manera individualizada y desde un acercamiento a la empresa que permite conocer la viabilidad del proyecto. De esta manera, se asegura que el destino de la ayuda recaiga en una empresa solvente que razonablemente pueda hacer frente a sus obligaciones, contribuyendo así a la eficiencia del mercado financiero.

    La intermediación de una sociedad de garantía reciproca permite mejorar los costes y los plazos de la misma, puesto que en los convenios suscritos con las entidades financieras se contempla la aplicación de unas condiciones más ventajosas para la empresa que los que soportaría sin su intervención. El conjunto de costes, considerando tanto los devengados por la entidad prestamista como los correspondientes al aval, resulta menor que el que debería atender si no contara con la garantía de la SGR.

  • Para la entidad financiera las operaciones avaladas por la SGR presentan ventajas importantes: tienen un consumo de recursos propios del veinte por ciento del que correspondería si la operación de crédito la realizara sin su concurso y no tienen que dotar provisiones para insolvencias en el caso de que la operación resulte morosa. Y esto es así porque el riesgo de crédito en estas operaciones es asumido en su totalidad por la SGR, que adquiere el compromiso de hacer frente a la deuda que pueda presentarse por cada operación antes de cumplir los noventa días desde la fecha del impago. La posible incidencia de estas operaciones no afecta, en consecuencia, a la tasa de morosidad del banco o caja prestamista.

  • Para las administraciones públicas el apoyo a estas sociedades figura entre sus prioridades porque su colaboración contribuye a dar cobertura al cumplimiento de uno de sus objetivos de política empresarial: facilitar a las pyme el acceso al crédito. Las SGR son uno de los instrumentos financieros de más interés para la Unión Europea a los que dedica una financiación especial, porque su intervención amplifica el impacto de los apoyos que se les presten debido al efecto multiplicador que representa. Así, una aportación puntual a los recursos propios permitirá conceder avales por un volumen muy superior. Mantener dicho volumen en el tiempo sólo exigirá formalizar nuevas operaciones en la medida que se vayan cancelando las anteriores, posibilitando así la reutilización sucesiva de los recursos públicos.

    Las Comunidades Autónomas ayudan a estas sociedades facilitando recursos para su crecimiento y suscribiendo, en algunos casos, convenios de colaboración que contemplan la compensación a las empresas por los costes financieros que deben soportar, subsidiando el tipo de interés y la comisión de aval. Son medidas que permiten ampliar el número total de empresas que acceden al mercado financiero en mejores condiciones. Es importante destacar que las aportaciones públicas que se han ido realizando a los fondos propios permanecen en los balances de las sociedades materializados en cuentas financieras, dando soporte a su actividad y a la citada reutilización.

En estos momentos en los que todas las instituciones están poniendo en marcha medidas encaminadas a facilitar el acceso al crédito de las empresas, las sociedades de garantía reciprocas, como entidades solventes especializadas en la financiación a pequeñas y medianas empresas, deben ser consideradas como un colaborador cualificado para ayudar en la tarea de conseguir la deseada estabilidad financiera. Todo ello desde la dimensión actual de su aportación, pero considerando que en esta coyuntura ser un agente que sume para superar esta etapa de inestabilidad es, en sí mismo, un valor apreciable y un motivo de esperanza en el futuro.





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