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La financiación de las pymes en un contexto restrictivo



La financiación de las pymes en un contexto restrictivo
El Boletín Económico del Banco de España de Junio de 2010 señala algunas incertidumbres sobre la evolución de la economía española en los próximos meses. No detecta signos de crecimiento en la demanda, tanto de consumo como de inversión, y subraya que la confianza de los consumidores continúa sin mostrar síntomas de recuperación. Así mismo, destaca la distorsión que sobre la estimación a corto plazo del comportamiento de determinadas magnitudes macroeconómicas introducen la reducción de los estímulos fiscales, decidida por el Gobierno para controlar el déficit, y el adelantamiento de algunas decisiones de compra por empresas y familias para evitar el efecto del alza del IVA.

Esta coyuntura no es la más adecuada para que se produzca una reactivación del crédito que sigue manteniendo su tendencia descendente en los últimos meses. De un lado, el estado general de la economía y sus perspectivas están provocando un empeoramiento de la situación financiera de las empresas que se traduce en un mayor rechazo de las solicitudes de créditos por parte de los bancos y cajas que tratan de limitar su exposición al riesgo. De otra, el deterioro de la solidez de algunas entidades, bien sea por tensiones de liquidez o por disminución de la solvencia como consecuencia de la pérdida de valor de algunos activos y el aumento de la morosidad, produce el mismo resultado. Estas circunstancias pueden verse agravadas con la entrada en vigor de la nueva circular del Banco de España que reduce a un año el plazo para dotar las provisiones por riesgo dudoso que, hasta ahora, contaban con más tiempo para su contabilización, adelantándose así el impacto negativo en los resultados y, consecuentemente, en la solvencia.

Si por el lado de la oferta las causas que se han apuntado inciden de manera importante en la restricción crediticia, también por el lado de la demanda se observa una disminución del número de solicitudes de financiación para inversiones motivada por el exceso de capacidad productiva que ha provocado la debilidad actual del consumo y que obliga a las empresas a replantearse sus planes de futuro. Sí se han mantenido, en general, las peticiones para financiar circulante y para reestructuración de deudas con objeto de sortear, en la medida de lo posible, alguno de los efectos negativos de la crisis y reducir los importes de las cuotas de los préstamos en vigor, buscando ajustar los pagos a los ingresos.

Este estado de cosas no favorece las perspectivas de salida de la crisis, porque si en una coyuntura como la actual no es fácil iniciar o ampliar proyectos empresariales con cierta garantía de éxito y continuidad, esa dificultad se acentúa si, además, concurre con un acceso restringido a las fuentes de financiación.

Tomando como premisa que la normalización del flujo crediticio no se alcanzará hasta que las entidades de crédito recuperen plenamente su actividad y vuelvan a dar cobertura a las necesidades financieras de las empresas, se hace preciso, con el objetivo de que la actividad no pierda más pulso, que el sector público aplique programas de expansión del crédito que compensen, aunque sea parcialmente, la disminución de la oferta y contribuyan a activar los mecanismos que impulsen su recuperación.

Actuando en ese sentido, se ha puesto en marcha recientemente un programa del ICO que lo convierte en prestamista directo a las pymes en dos tipos de operaciones: por un lado, las no superiores a 200.000 euros, en las que financia y asume la totalidad del riesgo; y, por otro, las que superen esa cifra y no excedan de 600.000€, para las que deberán contar, además, con un aval de una SGR sobre el 50% del riesgo.

Esta línea se implementa mediante una herramienta informática denominada Facilitador Financiero, que será el vehículo para tramitar las solicitudes y acompañar la información pertinente para su estudio y aprobación, en su caso. Las operaciones se formalizarán y gestionarán a través de dos grandes bancos que han sido seleccionados al efecto. Este programa presenta un planteamiento diferente al de las líneas desarrolladas hasta ahora, en las que las entidades de crédito financiaban y asumían una parte del riesgo. Ahora, el ICO financia la totalidad de la operación con sus propios fondos. Dado que esta entidad tiene una estructura centralizada, sin presencia en las Comunidades Autónomas, será interesante disponer de los primeros resultados de su ejecución.

Aún sin conocer datos de actividad, se podría aventurar un mayor grado de implantación del programa si se permitiera la participación de las SGR no sólo para un tipo de operaciones sino para su conjunto. La experiencia de estas sociedades en la financiación empresarial las convierte en idóneas para este objetivo. Creadas a partir de los Pactos de la Moncloa para ayudar a superar la crisis de la década de los setenta y extendidas por todo el territorio, tienen en vigor avales concedidos a más de 100.000 pymes por un importe de 7.000 millones de euros, habiendo formalizado operaciones desde sus inicios hasta 2009 por más de 22.000 millones de euros.

La mediación de las SGR, que son entidades de titularidad público-privada cuya finalidad es facilitar el acceso al crédito de las empresas, puede ser, por cercanía y experiencia, más eficaz que las que se realicen directamente por instituciones públicas y también más eficiente, porque la condición legal de entidad financiera y la necesidad de cumplir los requerimientos del Banco de España sobre solvencia y liquidez exigen una selección rigurosa que minimice las situaciones de impago posteriores, contribuyendo a la eficiencia del mercado financiero tan necesaria en el actual contexto restrictivo.





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